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Inconstitucionalidad tasas Municipales a las naftas

Hechos:

La Cámara de Estaciones de Servicios Expendedores de Combustibles y Afines de Salta promovió acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza N° 14902 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, que creó el Fondo de Reparación para el Sistema de Transporte Impropio de Pasajeros de taxis y remises cuyo financiamiento está integrado con una contribución equivalente al 3% sobre el precio de venta del GNC del total comercializado mensualmente por las estaciones de servicios. La Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la norma.

Sumarios:

La Ordenanza N° 14902 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, que creó el Fondo de Reparación para el Sistema de Transporte Impropio de Pasajeros de taxis y remises, cuyo financiamiento está integrado con una contribución equivalente al 3% sobre el precio de venta del GNC del total comercializado mensualmente por las estaciones de servicios, resulta inconstitucional, ya que el tributo en cuestión constituye una carga de tipo impositivo cuya implementación por la municipalidad no está autorizada por una ley provincial, según lo exige el art. 175 inc. 2) de la Constitución de Salta.
La Cámara de Estaciones de Servicios Expendedores de Combustibles y Afines de Salta se encuentra legitimada para articular la acción de inconstitucionalidad, ya que las prescripciones de la Ordenanza cuestionada imponen la obligación de aplicar un 3% sobre el precio de venta del GNC del total comercializado mensualmente por las estaciones de servicios.
La acción de inconstitucionalidad deducida contra la Ordenanza N° 14902 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, que creó el Fondo de Reparación para el Sistema de Transporte Impropio de Pasajeros de taxis y remises, que será financiado con una contribución equivalente al 3% sobre el precio de venta del GNC del total comercializado mensualmente por las estaciones de servicios, debe ser admitida, pues excedió las competencias impositivas que la Constitución y las leyes confieren a los municipios, en clara violación al principio de legalidad tributaria, en virtud del cual ninguna gabela puede ser exigida sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales (del voto del Dr. Catalano).
El tributo establecido por la Ordenanza N° 14902 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, en conjunto con las Resoluciones Generales N° 6 y 7/2015 de la Dirección General de Rentas, constituye, por su modalidad, un carga de tipo impositivo cuya implementación por la municipalidad no se encuentra autorizada por ley provincial —art. 175 inc. 2) de la Constitución de Salta— (del voto del Dr. Cornejo).

Texto Completo: Expte. N° CJS 37.644/15

Salta, mayo 8 de 2017.

Los doctores Díaz y Samsón dijeron:

1°) Que a fs. 47/61 vta. la actora promueve acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza N° 14.902 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta que en su art. 1° dispuso la creación de un fondo de reparación para el sistema de transporte impropio de pasajeros de taxis y remises con licencia individual y en el art. 2° previó que tal fondo estará integrado por una contribución equivalente al 3 % sobre el precio de venta del G.N.C. del total comercializado mensualmente por las estaciones de servicio.

Relata que la “contribución” en cuestión constituye un impuesto y deviene inconstitucional debido a que la Municipalidad no se encuentra facultada para el establecimiento de esta clase de tributos conforme a nuestro sistema legal y constitucional.

Indica que tal gabela contraviene los principios constitucionales de legalidad e igualdad tributaria, toda vez que sólo se establece sobre el sector de estaciones de servicio cuando la incidencia del G.N.C. en la estructura de costos de los propietarios de taxi resulta sólo un insumo más dentro del gran universo de desembolsos que deben realizar éstos para desarrollar su actividad. Así, puntualiza que, en todo caso, deberían establecerse contribuciones al fondo a cargo de las empresas repuesteras, concesionarias oficiales, negocios de ventas de cubiertas, etc. Precisa que también se produce el fenómeno del impuesto sobre el impuesto, ya que el precio final de venta del G.N.C. está sustancialmente conformado por impuestos nacionales y provinciales, como el impuesto a la transferencia de los combustibles, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las actividades económicas, al que debería adicionarse éste.

Sostiene que la ausencia de detalles sobre la mecánica de tributación afecta el principio de seguridad jurídica desde la perspectiva del contribuyente, posicionándolo en una situación extremadamente precaria.

Aduce que también se afecta la garantía de razonabilidad, en tanto la actividad estatal desplegada por el municipio capitalino carece de un fin público, no existen circunstancias que lo hayan justificado ni tampoco una iniquidad manifiesta que deba ser revertida.

Finalmente argumenta que se configura una violación al derecho de propiedad. Así, indica que la tributación de la contribución al fondo de reparo implica un desapoderamiento antijurídico de objetos que hacen al derecho de propiedad de las empresas operadoras de estaciones de servicio de G.N.C. y/o de los contribuyentes.

Corrido traslado, a fs. 96/103 vta. contesta la demandada, opone falta de legitimación activa de la Cámara de Estaciones de Servicios Expendedores de Combustibles y Afines de Salta para representar a los consumidores de G.N.C. y también solicita el rechazo de la acción.

Luego de efectuar las negativas de rigor, precisa que la acción de inconstitucionalidad debe ser interpretada en forma restrictiva y debe acreditarse el perjuicio concreto que causa la norma cuestionada. Puntualiza que tal requisito no ha sido demostrado por la accionante por cuanto ésta ha manifestado expresamente que la obligación tributaria prevista en la Ordenanza N° 14.902 será, en definitiva, soportada por los consumidores. En tal sentido, sostiene que el daño esgrimido resulta de carácter conjetural, hipotético y potencial.

Refiere al conflicto existente entre los licenciatarios del servicio público de transporte impropio y las estaciones de servicio, en razón de la diferencia de precios del G.N.C. en distintas provincias. Destaca esa diferencia de precio y la necesidad de atenuar las gravosas consecuencias que ello ocasiona, en particular al sector de taxis o remises.

A fs. 215 se declara la causa conclusa para definitiva, encontrándose agregados los alegatos presentados por las partes a fs. 221/222 vta. y 223/226.

A fs. 228/232 dictamina la señora Fiscal ante la Corte N° 2 a cargo de la Procuración General de la Provincia en el sentido de que corresponde rechazar el planteo de falta de legitimación activa y acoger la demanda, encontrándose los autos en estado de resolver.

2°) Que con carácter preliminar, cabe expedirse sobre el planteo formulado por la demandada respecto a la falta de legitimación de la Cámara de Estaciones de Servicios, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta, adelantando su rechazo.

En efecto, cabe precisar que la legitimación surge en forma prístina de la documentación adunada por la accionante.

Así, del estatuto se colige que la Cámara de Estaciones de Servicios, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta tiene por objeto —entre otros— la coordinación de las acciones, directivas y procedimientos de sus afiliados en todo lo que concierne a la orientación, progreso y defensa de sus intereses (inc. a); la representación de los asociados ante las autoridades del país, de cualquier naturaleza (inc. c), y la defensa, por todos los medios lícitos, de sus legítimos intereses en todos los órdenes que correspondan (inc. e) (cfr. fs. 3).

Con este encuadre y siendo que las prescripciones de la ordenanza cuestionada imponen la obligación de aplicar un 3 % sobre el precio de venta del G.N.C. del total comercializado mensualmente por las estaciones de servicio, va de suyo que la Cámara se encuentra legitimada para articular la presente acción, sin que las aisladas referencias que efectúa en su libelo de inicio sobre los consumidores de G.N.C. enerve tal conclusión.

3°) Que superados los cuestionamientos formales, cabe entrar al fondo del asunto traído a conocimiento de este Tribunal.

En tal sentido, la acción de inconstitucionalidad tiene propósitos y fines específicos que no son comparables ni compatibles con las demás acciones contempladas en el plexo del ordenamiento jurídico local. Ha sido instituida para cuestionar ordenamientos jurídicos que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución Provincial (art. 153 punto II inciso a), que tienen en común el hecho de constituir mandatos generales, abstractos e impersonales, independientemente de la denominación que se les haya dado —ley, decreto, reglamento, ordenanza, etc.—, y es precisamente cuando tal mandato entra en colisión con las normas constitucionales donde cobra vida la mentada acción (cfr. esta Corte, Tomo 69:867; 75:779; 117:603, entre otros).

4°) Que el art. 704 del Cód. Proc. Civ. y Comercial establece que la demanda se debe interponer ante este Tribunal dentro del plazo de treinta días, computados desde que el precepto impugnado afecte de hecho los intereses del actor, y que vencido dicho plazo se considera caduca la acción de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad del interesado para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos que estime afectados. La norma aludida determina, además, que cuando los preceptos impugnados no han sido aplicados aún al demandante y la acción deba ejercitarse con finalidad preventiva, puede deducirse desde la publicación de la ley, decreto, reglamento u ordenanza.

Con este último alcance fue interpuesta la demanda de autos, mediante la cual la actora impugna la Ordenanza Municipal N° 14902 que creó el Fondo de Reparación para el Sistema de Transporte Impropio de Pasajeros de taxis y remises cuyo financiamiento estará integrado con una contribución equivalente al 3 % sobre el precio de venta del G.N.C. del total comercializado mensualmente por las estaciones de servicio (arts. 1° y 2°), por resultar —según alega— un impuesto respecto del cual la Municipalidad carece de facultades para establecerlo, y asimismo por contrariar los principios constitucionales de legalidad e igualdad tributaria, la garantía de razonabilidad y el derecho de propiedad.

5°) Que se tiene dicho que la Nación y las provincias tienen potestades tributarias originarias reconocidas y reguladas de manera directa por la Constitución Nacional en los arts. 4°, 5°, 75 incs. 1° y 2°, 121, 123, 126 y cc., mientras que los municipios tienen potestades tributarias derivadas, en tanto la Constitución Nacional reconoce y manda asegurar su existencia, pero con las potestades tributarias que los respectivos ordenamientos provinciales les otorguen (Casás, José Osvaldo, “Derecho Tributario Municipal”, edición 2005, pág. 223; esta Corte, Tomo 165:483).

El Supremo Tribunal Nacional consideró que a los municipios no se les puede negar las atribuciones mínimas necesarias para su cometido, y con referencia concreta a la autonomía, declaró que las facultades comunales no pueden ir más allá de aquellas que surjan de las constituciones y leyes provinciales (Fallos: 312:327).

6°) Que como ha sostenido esta Corte siguiendo la doctrina del Alto Tribunal de la Nación, debe recordarse que de acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75) (CSJN, Fallos: 304:1186, entre muchos otros; esta Corte, Tomo 60:695; 165:483). Dentro de ese contexto, cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5° y 123).

Además, como lo tiene dicho la misma Corte Federal desde antiguo, es indudable la facultad de las provincias de darse leyes y ordenanzas de impuestos locales y en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 108 (actual 126) de la Constitución Nacional (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 322:2331, entre muchos otros), toda vez que entre los derechos que constituyen la autonomía de las provincias es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; esta Corte, Tomo 165:483).

7°) Que el art. 175 de la Constitución Provincial prescribe que constituyen recursos tributarios de los municipios las tasas, las contribuciones por mejoras provenientes de obras municipales, los impuestos a la propiedad inmobiliaria urbana, a la radicación de automotores y aquéllos cuya facultad de imposición corresponda por ley a las municipalidades. Los municipios participan, además, de la recaudación de los impuestos nacionales y provinciales de acuerdo con las alícuotas que fija la ley respectiva.

Establece la Carta Magna Provincial que el mayor valor de los bienes que es consecuencia de obras públicas es el hecho imponible de la contribución de mejoras (art. 67, segundo párrafo). De este modo, la característica esencial de la contribución de mejoras es el beneficio diferencial que la obra pública depara a las propiedades privadas de la zona de influencia de esa obra, y que se establece sobre los dueños de inmuebles que experimentan un incremento de su valor como consecuencia de ella.

En ese sentido, se ha indicado que las contribuciones de mejoras resultan legales en tanto se fundan en el beneficio excepcional que obtienen los dueños de las propiedades vecinas en virtud de la realización de una obra pública, que no alcanza a los demás propietarios del municipio, y donde su monto, precisamente por ello, no puede exceder el beneficio especial que recibe la propiedad afectada (CSJN, Fallos: 140:193; 187:234; 196:218; esta Corte, Tomo 82:793; 83:621; 165:483, entre otros).

Sobre la base de tales parámetros, resulta evidente que la obligación fiscal cuestionada carece de los caracteres que permitan calificarla como contribución de mejoras.

8°) Que por otro lado cabe señalar que la imposición de tasas presupone la existencia de un requisito fundamental, como es que al cobro del tributo debe corresponder, siempre, la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio al contribuyente (CSJN, Fallos: 312:1575 y sus citas), debiendo guardar la recaudación total del tributo, proporcionalidad con el costo del servicio público efectivamente prestado por la comuna (CSJN, Fallos: 319:2211; esta Corte, Tomo 60:689; 165:483). En idéntico sentido, el art. 67, tercer párrafo de la Constitución Provincial, determina que las tasas retributivas de servicios exigen su efectiva prestación.

En razón de ello, el tributo contemplado por la norma impugnada tampoco puede ser calificado como tasa, pues no corresponde a la real prestación de un servicio municipal, según lo exige la Constitución Provincial, por lo que queda, en consecuencia, descartado también que constituya un recurso tributario de esta naturaleza.

Desde que el hecho imponible no es un servicio, pues no implica actividad estatal alguna referida al obligado, necesariamente la obligación fiscal no debe relacionarse con las acciones gubernamentales que atañen o benefician al contribuyente, sino con sus rentas, bienes o consumos (cfr. Villegas, Héctor Belisario, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Ed. Astrea, pág. 157; esta Corte, Tomo 165:483).

9°) Que en el contexto mencionado, el tributo en cuestión constituye, por su modalidad, una carga de tipo impositivo cuya implementación por la Municipalidad accionada no está autorizada por una ley provincial, según lo exige el art. 175 inc. 2° de la Constitución de Salta.

Por ello, con el dictado de la norma cuestionada la demandada ha excedido las competencias impositivas que la Constitución y las leyes confieren a los municipios, en clara violación al principio de legalidad tributaria (arts. 4°, 17 y 75 incs. 1° y 2° de la Constitución Nacional y 67 y 127 inc. 11 de la Constitución Provincial), en virtud del cual ninguna gabela puede ser exigida sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (CSJN, Fallos: 316:1115, 2329; 317:1282; esta Corte, Tomo 165:483).

10) Que por lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación activa, hacer lugar a la demanda instaurada a fs. 47/61 vta. y declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 14.902. Con costas.

Los doctores Posadas, Vittar y Kauffman dijeron:

1°) Que nos remitimos a los antecedentes de la causa y adherimos, por sus fundamentos, a la solución que propicia el voto que inicia el acuerdo, con excepción de lo indicado en el considerando cuarto.

2°) Que respecto del análisis de la oportunidad para deducir la acción de inconstitucionalidad, cabe señalar que el art. 704 del Cód. Proc. Civ. y Comercial fija el plazo de 30 días contados desde la publicación de la norma impugnada. En tanto la Ordenanza N° 14.902 fue publicada en el Boletín Oficial N° 2034 del 9 de enero de 2015, la acción interpuesta el 5 de febrero 2015 (v. cargo de fs. 61 vta. de autos) resulta temporánea.

El doctor Catalano dijo:

1°) Que comparto los antecedentes de la causa referidos en el considerando 1° del voto que abre el presente acuerdo, los fundamentos desarrollados en el considerando 2°, el rechazo de la falta de legitimación opuesta y la solución jurídica propiciada en el considerando 10, conforme a los siguientes motivos.

2°) Que según lo dispuesto por el art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial, la acción de inconstitucionalidad ha sido instituida para cuestionar ordenamientos jurídicos con naturaleza de “…ley, decreto, reglamento u ordenanza” que tienen en común, con abstracción de la denominación que se les haya dado, el hecho de constituir mandatos generales, abstractos e impersonales; y es precisamente cuando tal mandato entra en colisión con las normas constitucionales donde cobra vida la mentada acción.

Esta Corte ha dicho reiteradamente (Tomo: 69:867; 75:779, 941; 108:789, entre otros) que la demanda de inconstitucionalidad tiene propósitos y fines específicos que no son comparables ni compatibles con las demás acciones contempladas en el plexo del ordenamiento jurídico, ya que tiende a abatir una disposición de carácter “erga omnes”.

3°) Que debe tenerse presente que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contradice la Constitución y le causa de ese modo un gravamen, para lo que es menester que precise y acredite fehacientemente el perjuicio concreto que le origina la aplicación de la disposición (cfr. CSJN, Fallos: 307:1656 y sus citas; 324:754). La misión del Poder Judicial consiste en asegurar la supremacía de la Constitución y, como eventual consecuencia, invalidar las disposiciones que se encuentren en clara y abierta pugna con su texto.

4°) Que en el caso, la actora impugna la Ordenanza Municipal N° 14.902 que creó el Fondo de Reparación para el Sistema de Transporte Impropio de Pasajeros de taxis y remises que será financiado con una contribución equivalente al 3 % sobre el precio de venta del G.N.C. del total comercializado mensualmente por las estaciones de servicio, con sustento en que, dada su naturaleza impositiva, la Municipalidad carece de facultades para establecerlo.

5°) Que a fin de analizar la cuestión sometida a este Tribunal, cabe recordar que si bien la Nación y las provincias tienen potestades tributarias originarias reconocidas y reguladas de manera directa por la Constitución Nacional en los arts. 4°, 5°, 75 incs. 1° y 2°, 121, 123, 126 y cc., el deslinde impositivo provincia-municipio, en la medida en que es materia propia del derecho público local, presenta diversas posibilidades de acuerdo a los distintos ordenamientos provinciales.

En tal sentido, Horacio García Belsunce afirma que en nada ha variado la situación de los municipios frente a la reforma constitucional, pues al igual que antes “las municipalidades tienen un poder institucional, político, económico, administrativo y financiero derivado de las constituciones provinciales y éstas (…) así lo han hecho porque lo manda el art. 123 de la C.N.” (“La autonomía de los municipios provinciales”, DTE, t. XII, pág. 363, citado por Ábalos, María Gabriela; “Municipio y Poder Tributario Local”, ED. Ad-Hoc, Bs. As., 2007, pág. 262).

6°) Que en nuestra Provincia el art. 67 de la Constitución local, inserto en el Capítulo VII “Finanzas Públicas”, establece, como base de los impuestos y cargas públicas, los principios de legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad, simplicidad y no confiscatoriedad. Dispone, además, que el mayor valor de los bienes, que fuere consecuencia de obras públicas, es el hecho imponible de la contribución de mejoras y, finalmente, que las tasas retributivas de servicios exigen su respectiva prestación.

Por su parte en el art. 175 reconoce a los municipios importantes recursos económicos propios, entre los que cabe destacar el impuesto a la propiedad inmobiliaria urbana, los impuestos cuya facultad de imposición les corresponda por ley y el impuesto a la radicación de automotores en los límites de cada uno de ellos, a la vez que participan de la recaudación de los impuestos nacionales y provinciales de acuerdo con las alícuotas que fija la ley respectiva; y en el art. 176 establece las competencias municipales, sin perjuicio de las facultades provinciales, con arreglo a las Cartas Orgánicas y Leyes de Municipalidades.

7°) Que de lo expuesto se advierte que los municipios tienen potestades tributarias derivadas, toda vez que sus prerrogativas derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5° y 123 de la C.N.), en tanto la Constitución Nacional reconoce y manda asegurar su existencia, pero con las potestades tributarias que los respectivos ordenamientos provinciales les otorguen (esta Corte, Tomo 165:483); tal el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideró que a los municipios no se les puede negar las atribuciones mínimas necesarias para su cometido, y con referencia concreta a la autonomía, declaró que las facultades comunales no pueden ir más allá de aquellas que surjan de las constituciones y leyes provinciales (Fallos: 312:327).

8°) Que sobre tales parámetros, resulta evidente que la obligación fiscal aquí cuestionada carece de la característica esencial que permitan calificarla como contribución de mejoras, que importa el beneficio diferencial que la obra pública proporciona a las propiedades privadas ubicadas en la zona de influencia de la obra, y que se establece como consecuencia del mayor valor que experimentan los inmuebles alcanzados por ella, como un beneficio especial (art. 67 de la C.P.).

Dicha obligación tampoco constituye una tasa; ello, toda vez que las tasas son prestaciones tributarias exigidas a aquellos a quienes de alguna manera afecta o beneficia una actividad estatal. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado (Tomo 60:689) que la imposición de tasas presupone la existencia de un requisito fundamental, como es que al cobro del tributo debe corresponder, siempre, la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio al contribuyente (CSJN, Fallos: 312:1575 y sus citas), debiendo guardar la recaudación total del tributo, proporcionalidad con el costo del servicio público efectivamente prestado por la comuna (Fallos: 319:2211); este es el sentido dado por el art. 67, tercer párrafo de la Constitución Provincial.

9°) Que descartada la posibilidad de encontrarnos frente a una contribución por mejoras o una tasa, cabe decir que, en razón de que el impuesto es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como genera— doras de la obligación de tributar (hechos imponibles) (Villegas, Héctor Belisario, “Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario”, Astrea, págs. 157 y 169), el tributo en cuestión constituye, por su modalidad, una carga de tipo impositivo cuya implementación, por la Municipalidad accionada, no se encuentra autorizada por una ley provincial (art. 175 inc. 2° de la Constitución de Salta).

Tales circunstancias determinan que la demandada ha excedido, con su dictado, las competencias impositivas que la Constitución y las leyes confieren a los municipios, en clara violación al principio de legalidad tributaria (arts. 4°, 17, 75 incs. 1° y 2° y 99 inc. 10 de la Constitución Nacional y 67 y 127 inc. 11 de la Constitución Provincial), en virtud del cual ninguna gabela puede ser exigida sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (CSJN, Fallos: 316:1115, 2329; 317:1282).

Siendo ello así, corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta a fs. 47/61 vta. y declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 14.902. Con costas.

El doctor Cornejo dijo:

1°) Que comparto los argumentos del voto que antecede y la solución jurídica que propicia en el considerando noveno; no obstante lo cual, estimo menester añadir el siguiente fundamento.

2°) Que en el caso, la actora promovió acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal N° 14.902 con sustento en considerar que ésta subvierte el orden constitucional y amenaza de manera inminente, arbitraria e ilegítima los derechos reconocidos a sus representados a través de los arts. 61, 67, 86 y 175 inc. 2° de la Constitución de la Provincia de Salta, arts. 58 y 59 de la Carta Orgánica del Municipio de la Ciudad de Salta, arts. 14, 16, 17, 19, 42 y 28 de la Constitución Nacional, arts. II y XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y arts. 3° y 4° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

3°) Que tal ordenanza creó el Fondo de Reparación para el Sistema de Transporte Impropio de Pasajeros de taxis y remises y estableció que tal fondo estaría integrado por una contribución equivalente al 3 % sobre el precio de venta de G.N.C. del total comercializado mensualmente por las estaciones de servicio (v. arts. 1° y 2°).

En ese contexto la actora solicitó la inconstitucionalidad de la ordenanza porque interpretó que a tenor de la redacción de la norma, las estaciones de servicio serían las obligadas a pagar el 3 % sobre el precio total de venta de la cantidad global del producto comercializado (v. demanda de inconstitucionalidad, punto VI, fs. 49 vta.).

Como es sabido, desde el punto de vista del derecho tributario material o sustantivo, por el principio de legalidad o reserva de ley no puede haber tributo sin ley previa que lo establezca.

En ese sentido, Villegas destacó que la ley no debe limitarse a proporcionar “directivas generales” de tributación, sino que ella ha de contener, al menos, los elementos básicos y estructurantes del tributo: hecho imponible, sujetos pasivos y elementos necesarios para la fijación del “quantum”, así como las exenciones (cita de García Vizcaíno, Catalina, “Manual de Derecho Tributario”, Abeledo Perrot, Bs. As., 2016, segunda edición ampliada y actualizada, pág. 297).

Este principio se encuentra reconocido en los arts. 17, 19, 52 y 75 incs. 1° y 2° de la CN y art. 67 de la Constitución Provincial y, asimismo, consta expresamente en el art. 3° del Código Tributario Municipal que establece que “ningún tributo puede ser exigido sino en virtud de una Ordenanza, correspondiendo a la misma, a) definir con precisión el hecho imponible; b) indicar el contribuyente y, en su caso, el responsable del pago del tributo; c) determinar la base imponible; d) fijar el monto del tributo o la alícuota aplicable; e) establecer exenciones, deducciones, reducciones o bonificaciones. Las normas regulatorias de la materia anteriormente enunciadas no pueden ser interpretadas por analogía ni suplidas por vía de reglamentación alguna”.

En la especie, la norma dictada no cumple con los principios básicos establecidos en el propio Código Tributario Municipal para la existencia de un tributo, no encontrándose debidamente identificados el hecho imponible ni los sujetos pasivos de la obligación tributaria.

No obstante, de las constancias del expediente administrativo se observa que con fecha 02 de marzo de 2015, con posterioridad al inicio de esta causa, la Directora General de Rentas de la Municipalidad de Salta dictó la Resolución General N° 006/2015 (v. fs. 60 de la documentación reservada en Secretaría), estableciendo vía reglamentación que serán sujetos pasibles del pago de la contribución todos aquellos contribuyentes o responsables que designe el organismo fiscal (art. 1°), y con la misma fecha emitió la Resolución General N° 007/2015 que designó como sujetos pasivos obligados al pago de la contribución establecida en el art. 2° de la Ordenanza N° 14.902 a las estaciones de servicio detalladas en el Anexo I de tal resolución, ambas disposiciones dictadas en violación al principio de legalidad tributaria.

Así, el tributo establecido por Ordenanza N° 14902 en conjunto con las Resoluciones Generales Nos. 006 y 007/2015 de la Dirección General de Rentas constituye, por su modalidad, una carga de tipo impositivo cuya implementación por la Municipalidad accionada no se encuentra autorizada por una ley provincial (art. 175 inc. 2 de la Constitución de Salta).

Por los argumentos expuestos, es dable hacer lugar a la demanda interpuesta a fs. 47/61 vta. y declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 14.902 y de las Resoluciones Generales Nos. 06 y 07/2015 de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Salta dictadas en su consecuencia. Con costas.

Corresponde además ordenar que por Secretaría de Actuación se incorporen copias de las Resoluciones Generales Nos. 006/2015 y 007/2015 a este expediente.

Por lo que resulta de la votación que antecede, la Corte de Justicia, resuelve: I. Rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada. Con costas. II. Hacer lugar a la acción interpuesta a fs. 47/61 vta. y, en su mérito, declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 14902 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Con costas. III. Mandar que se registre y notifique. — Guillermo F. Díaz. — Ernesto R. Samsón. — Guillermo A. Posadas. — Sergio F. Vittar. — Susana G. Kauffman. — Guillermo A. Catalano. — Abel Cornejo.

fuente: La Ley online

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