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Probation en casos de violencia de género

Por mayoría, la Cámara casó una sentencia que había rechazado la suspensión del juicio a prueba en un caso de violencia de género.

Sumarios

La sentencia que rechazó la suspensión del juicio a prueba en un caso de violencia de género debe casarse, pues, teniendo en cuenta lo referido en el dictamen fiscal, esto es, que la damnificada no tiene inconvenientes con que se otorgue el beneficio y que el instituto se presenta como un remedio a la situación actual que atraviesa la pareja, sumado a la participación del imputado en el proceso, a la falta de antecedentes y a la posibilidad de aplicar una pena de ejecución condicional, evidencian que el a quo resolvió de manera automática e interpretó erróneamente el art. 76 bis del Código Penal.

Toda vez que el marco de la imputación formulada en contra del justiciable encuadra dentro de un supuesto de violencia contra la mujer, respecto del cual, a través de la suscripción de la Convención de Belém do Pará, el Estado argentino se ha comprometido a investigar, perseguir, juzgar y reprimir, no resulta procedente suspender el juicio a prueba, debiendo efectuarse el correspondiente juicio oral y público a fin de que se resuelva en forma definitiva el fondo de la cuestión; y ello, al margen de lo establecido en el precedente “Góngora” —23/04/13; LA LEY, 2013-D, 144—, pues corresponde a la jurisdicción la interpretación de los tratados internacionales (del voto en disidencia del Dr. Días).

Fallo

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 25 de 2017.

Se informa que la audiencia está siendo filmada, que el registro audiovisual forma parte integrante de la presente actuación y que queda a disposición en secretaría. Se da inicio a la audiencia y se otorga la palabra al Dr. N., quien argumenta su posición y responde preguntas del tribunal. El presidente da por concluida la intervención de la defensa e informa que el tribunal pasa a deliberar, en los términos de los arts. 396 y 455, CPPN, en presencia de la actuaria. Constituido el tribunal nuevamente en la sala, toma la palabra el presidente, quien da a conocer los fundamentos de la decisión adoptada.

El doctor Morin dijo:

Tal como lo sostuve en los precedentes “Fontenla” (1) “Exavier” (2), “Fernández” (3) y “Bitar” (4), si bien a partir de lo establecido en la Convención “Belém do Pará” y la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Góngora” (5) se podría leer que la necesidad de realizar un debate oral y público en los casos en que se presente una situación de violencia contra la mujer, constituye una política pública; lo cierto es que el Estado no puede dejar de actuar en un contexto de razonabilidad y evaluar las circunstancias que se presentan en cada caso en concreto. Ello, atendiendo a que la racionalidad de los actos de gobierno es uno de los principios fundantes de la forma republicana consagrada en el art. 1° de la Constitución Nacional. En primer término, y tal como se sostuvo en el precedente “Riquelme” (6), no debe perderse de vista que el presente caso resulta sustancialmente diferente al que resolvió la CSJN en “Góngora”, pues allí la suspensión del juicio a prueba no contó en ningún momento con el consentimiento fiscal y fue este órgano el que llevó el expediente hasta la máxima instancia judicial. A su vez, en la sentencia dictada en el caso “Herrero” (7) se señaló que no podían asumirse criterios absolutos en casos problemáticos como el aquí planteado donde se investigan hipótesis de violencia contra las mujeres.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se observa que la fiscal general realizó un análisis de las circunstancias que rodean el asunto y que la condujeron a dictaminar en sentido favorable.

En tal sentido consideró, especialmente, que la damnificada no tenía inconvenientes con que se le otorgue la suspensión del juicio a prueba a D. G. W.. Además, precisó que el instituto se presentaba como un remedio a la situación actual que atraviesa la pareja, desatando que ésta no tenía inconvenientes y que continuaban las visitas con su hijo en común.

Sin perjuicio de ello, consideró, como condición necesaria para la concesión del instituto, la realización de un tratamiento, el que, a su criterio, ayudaría, además, a la relación entre el padre y el hijo. Por último, solicitó que la suspensión del juicio sea por el término de dos años.

Así las cosas, la ponderación de todos estos elementos, y en particular, la participación de M. E. A. B., en las distintas fases del proceso, sumado al consentimiento fiscal, la falta de antecedentes del imputado, la posibilidad de aplicar una pena de ejecución condicional, evidencian que el tribunal a quo resolvió el caso de manera automática, sin valorar sus particularidades e interpretó erróneamente el art. 76 bis, del CP.

Como corolario de lo dicho hasta aquí, entiendo que en el caso, no parece plausible que el Estado siga adelante con la realización de un juicio oral; máxime cuando la concesión de la suspensión del juicio a prueba no resuelve definitivamente la situación procesal del imputado, sino que justamente deja abierta la posibilidad de que, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, se pueda avanzar hacia el debate oral y público.

Por todo lo expuesto, considero que corresponde casar la resolución de fs. 205/210; conceder la suspensión del juicio a prueba a D. G. W.; y remitir las presentes actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que fije el plazo por el que se deberá otorgar el instituto, así como también las reglas de conducta que estime correspondientes, teniendo en consideración el dictamen emitido por el representante del Ministerio Público Fiscal. Por último, de conformidad con lo que surge del acta de la audiencia llevada a cabo a tenor del art. 293, CPPN (cfr. fs. 203/204), deberá eximirse al nombrado de cumplir con la obligación de efectuar la reparación económica del daño. Sin costas (arts. 76 bis, 76 ter y 27 bis, CP y arts. 455, 456, 465 bis, 470, 530 y 531, CPPN).

El doctor Sarrabayrouse dijo:

Se adhiere a la solución propuesta por el colega propinante y se remite a los fundamentos expuestos en el precedente “Crocco” (8) en cuanto a que en la medida en que no hay un “caso” y que la interpretación planteada (fáctica o jurídica) resulte entre las posibles, los jueces no tienen controversia para resolver (ver en este sentido, el precedente “Pesce” (9)). A ello suma las restantes consideraciones efectuadas en el citado caso “Crocco”, que coinciden sustancialmente con lo expresado por el juez Morin.

A continuación el presidente expuso los fundamentos del voto en disidencia del juez Horacio Días. Expresa que sellada la cuestión por el voto de la mayoría, sólo resta dejar sentada su postura en disidencia. Señala que de conformidad con lo sostenido en los precedentes “Fernández (10)” y “Bitar (11)” entre otros, toda vez que el marco de la imputación formulada en contra del justiciable encuadra dentro de un supuesto de violencia contra la mujer, respecto del cual, a través de la suscripción de la Convención de Belén do Pará, el Estado argentino se ha comprometido a investigar, perseguir, juzgar y reprimir, no resulta procedente suspender el juicio a prueba, debiendo efectuarse el correspondiente juicio oral y público a fin de que se resuelva en forma definitiva el fondo de la cuestión; y ello, al margen de lo establecido en el precedente “Góngora”, pues corresponde a la jurisdicción la interpretación de los tratados internacionales.

De modo que la opinión del representante del Ministerio Público, apartándose de la inteligencia volcada en la convención citada, no resulta vinculante para la jurisdicción, correspondiendo, en consecuencia, rechazar el recurso de casación y confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, resuelve, por mayoría: Casar la resolución de fs. 205/210; Conceder la suspensión del juicio a prueba a D. G. W.; Eximir al nombrado de efectuar la reparación económica del daño; y Remitir las presentes actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 a fin de que fije el plazo por el que se deberá otorgar el instituto, así como también las reglas de conducta que estime correspondientes, teniendo en consideración el dictamen emitido por el representante del Ministerio Público Fiscal. (arts. 76 bis, 76 ter y 27 bis, CP y arts. 455, 456, 465 bis, 470). Quedan las partes así notificadas. Regístrese, oportunamente comuníquese (Acordada 15/13, CSJN; Lex 100) y cúmplase con la remisión dispuesta, sirviendo la presente de atenta nota de estilo. No siendo para más, se da por concluida la audiencia y firman los jueces de la sala por ante mí, de lo que doy fe. — Daniel Morin. — Eugenio C. Sarrabayrouse. — Horacio L. Días.

Fuente: Thomson Reuters

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